Desde el Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina (Masar Badil) Reafirmamos: “Denunciar un genocidio no es delito»
Mientras el ejército del régimen colonial israelí sigue atacando a la población nativa palestina en la Franja de Gaza y en toda Palestina, la corporación judicial argentina se alineó con la alianza incondicional de Milei/gobierno sionista/imperialismo norteamericano.
A pesar de haber sido absuelto en primera instancia, la Cámara de Casación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidió condenar al dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bodart, en un juicio que le inició la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) por supuesta “incitación a la discriminación”, a partir de una publicación en una red social.
No es una novedad la política de persecución y hostigamiento sobre las organizaciones y personalidades solidarias con la causa palestina. En Argentina está silenciado el caso del compañero Cristian Díaz, quien estuvo privado de la libertad por 8 meses en una prisión de máxima seguridad. Asimismo el sionismo local denunció al actor Norman Brisnky y a la dirigente del Partido Obrero y diputada nacional Vanina Biasi.
Un poco de historia …
Mientras en el mundo crecían las movilizaciones en rechazo a la propuesta anexionista estadounidense – israelí del “Acuerdo del Siglo” comandada por el primer gobierno de Donald Trump, que pretendía legalizar la ocupación ilegítima de un tercio del territorio palestino en Cisjordania, el gobierno argentino de Alberto Fernández y Cristina Fernándezde Kirchner, accedía a adoptar la definición sionista de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) como política oficial que en la práctica implica establecer al antisionismo como antisemitismo.
Esta definición de antisemitismo, que fue acordada el 26 de mayo del 2016 por los 31 países miembros del IHRA, es una construcción tendenciosa y cargada de contenido discriminatorio.
«El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto». (IHRA)
Lógicamente, esta definición da lugar a una serie de interpretaciones para impedir denuncias sobre violaciones de derechos humanos, ocupación ilegal de territorios o aplicación de políticas de exterminio y limpieza étnica, como viene ocurriendo desde hace más de siete décadas con el pueblo nativo palestino.
En cuanto a la decisión de los jueces argentinos sobre el caso del compañero Alejandro Bodart es coherente con la histórica política de nuestro país de acuerdos militares, comerciales y culturales con el sionismo. Estos acuerdos sellados por distintos gobiernos nacionales, tejidos en relaciones con el sector privado sionista y con el propio gobierno del régimen colonial israelí, han acompañado la historia reciente de Argentina.
En el caso que nos compete se complejiza aún más porque, los y las ciudadanas argentinasque levantamos la voz contra la política criminal de limpieza étnica y apartheid que lleva adelante el estado genocida de Israel, somos el objetivo de una verdadera persecución política judicial por parte del gobierno del régimen colonial israelí y sus organismos locales (DAIA).
Desde el Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina (Masar Badil) NOS OPONEMOS A LA JUDICIALIZACIÓN DE NUESTRO DERECHO A OPINAR NEGATIVAMENTE SOBRE EL SIONISMO O CUALQUIER IDEA POLÍTICA RACISTA, DISCRIMINADORA Y COLONIALISTA CONTRA CUALQUIER CIUDADANO O PUEBLO DEL MUNDO.
Este proyecto responde a la política del estado genocida de Israel con el que se pretende acallar a los millones que denunciamos en el mundo sus crímenes contra el pueblo nativo palestino con la calumnia del antisemitismo, y que nada tiene que ver con el repudio al holocausto y la discriminación por creencias religiosas.
Nos solidarizamos con Alejandro Bodart ante el reciente fallo de condena dictado por Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).
Mientras en los últimos 15 meses el régimen colonial de israelí ya lleva cometidos más de 50.000 asesinatos en Palestina y Líbano (en su mayoría mujeres, niñas y niños) condenar a Bodart por tres publicaciones en redes sociales en solidaridad con la causa palestina viola el derecho humano, democrático y constitucional a la libertad de expresión y es, de hecho,funcional a la impunidad de tales crímenes. Denunciar un genocidio no es delito.
Adjuntamos petitorio exigiendo la absolución de Alejandro
Firmá por la absolución de Alejandro Bodart
https://forms.gle/NjJwjAmWmJnZwSgTA