Nueva ofensiva del gobierno nacional argentino contra la lucha solidaria con el pueblo palestino. La detención de Cristian Díaz (Activista argentino, defensor de la causa palestina), el pasado 14 de junio de 2023, por la unidad antiterrorista de la policía federal responde a esta política de sometimiento por parte del Gobierno Argentino al movimiento sionista mundial. La embajada de “Israel” en Argentina desató una nueva caza de brujas y utilizó la justicia como instrumento para disciplinar a los defensores de la causa palestina y a quienes denuncian los crímenes de lesa humanidad cometidos por la entidad sionista.
Recordemos que el gobierno nacional introdujo, el 8 de junio del 2020 en el ámbito del sector público nacional, la definición de antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA); sosteniendo como política oficial la resignificación del antisemitismo como antisionismo.
Esta definición de antisemitismo, que fue acordada el 26 de mayo del 2016 por los 31 países miembros del IHRA (Argentina lo es desde el 2002), es una construcción tendenciosa y cargada de contenido discriminatorio al negar los otros pueblos semitas.
«El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto». (IHRA)
Según dicha definición las “manifestaciones” pueden incluir, por ejemplo, críticas (retóricas o callejeras) contra el Estado de Israel, concebido como una colectividad judía; como también contra instituciones que “representan” las comunidades judías (DAIA; OSA; USAR; etc).
La detención de Cristian Díaz, quien fue acusado por cargos de intimidación por hacer emojis en una publicación digital a partir de una denuncia de la Embajada de Israel, representa una de las interpretaciones consideradas como antisemitas según esta (manipulada) definición.
No es el primer caso que intentan judicializar o acusar públicamente como antisemitas a aquellos que denuncian las violaciones de derechos humanos, la ocupación ilegal de territorios o aplicación de políticas avasalladoras de la dignidad humana, como viene ocurriendo desde hace más de siete décadas con el caso del pueblo palestino.
Consideramos que esta decisión del gobierno argentino es coherente con la histórica política de alianza militar, comercial y cultural con el sionismo. Sin ir más lejos, el viaje del presidente Alberto Fernández, en enero del 2020 (a dos meses de asumir su mandato), a Israel, siendo su bautismo en el plano internacional como jefe de estado, significó un acuerdo diplomático que hoy se manifiesta (entre tantas cosas) en la adhesión a la definición de antisemitismo de la IHRA.
En el caso que nos compete, se complejiza aún más; porque somos testigos de una verdadera persecución política judicial por parte del gobierno israelí y sus organismos locales contra los ciudadanos argentinos que levantemos la voz contra la política criminal de limpieza étnica y apartheid que lleva adelante el estado genocida de Israel.
Este proyecto responde a la política del estado genocida de Israel con el que se pretende acallar a los millones que denunciamos en el mundo sus crímenes contra el pueblo Palestino con la calumnia del antisemitismo, y que nada tiene que ver con el repudio al holocausto y la discriminación por creencias religiosas.
Exigimos la derogación de la resolución 114/2020, adoptada por el Gobierno Nacional a través del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, como las adhesiones de las Cámaras de Diputados Provinciales y Concejos Municipales.
Llamamos a las Organizaciones Populares a oponerse a la ocupación criminal de “Israel” sobre Palestina.
Libertad YA a Cristian Díaz.
Antisionismo no es antisemitismo