Las sanciones impuestas por Estados Unidos y Canadá contra la Red Samidoun de Solidaridad con los Presos Palestinos no constituyen una medida aislada, sino parte de una ofensiva política y mediática más amplia destinada a criminalizar el apoyo a Palestina y atacar el movimiento internacional de solidaridad con la resistencia palestina.
Khaled Barakat
Las sanciones estadounidenses y canadienses contra la Red Samidoun de Solidaridad con los Presos Palestinos no fueron simplemente una medida legal o financiera aislada, sino que se enmarcan en un contexto político y de seguridad más amplio cuyo objetivo es redefinir los límites de la actividad política permitida en Occidente, especialmente en lo relacionado con Palestina y la resistencia palestina. La cuestión no se limita a una red de solidaridad con los presos, sino que forma parte de la lucha por el relato, por la legitimidad de la resistencia y por el futuro del movimiento popular internacional de apoyo al pueblo palestino. En resumen, se trata de un intento sionista de atacar la base internacional de apoyo a la resistencia en Palestina y la región.
Desde hace años, Estados Unidos y sus aliados occidentales intentan desarrollar un sistema integral para criminalizar el discurso de apoyo a Palestina, ampliando el concepto de “terrorismo” para incluir no solo a las organizaciones armadas, sino también a medios de comunicación, movimientos de boicot, redes de solidaridad y activistas políticos. En este contexto, las sanciones contra Samidoun forman parte de una guerra política y mediática dirigida contra el entorno popular que defiende el derecho del pueblo palestino a la resistencia armada y apoya su proyecto histórico: la liberación y el retorno.
Lo que convirtió a Samidoun en un objetivo directo de esta campaña fue la naturaleza de su discurso político y organizativo. La red no se limitó a presentar la cuestión de las y los presos palestinos como un asunto humanitario o de derechos humanos, sino que la vinculó al contexto colonial más amplio de la causa palestina, considerando a las y los presos como parte de un movimiento de liberación nacional que enfrenta un proyecto colonial de asentamiento respaldado por las grandes potencias occidentales. Asimismo, trabajó en la construcción de amplias alianzas con movimientos estudiantiles, movimientos negros e indígenas, sindicatos y fuerzas antiimperialistas y anticoloniales en América del Norte, Europa, América Latina y otros lugares.
Al mismo tiempo, Samidoun mantuvo su carácter independiente, sin subordinación organizativa a ninguna facción palestina, aunque sosteniendo una posición política clara y de principios respecto a la resistencia. La red no solo considera que resistir la ocupación y el colonialismo es un derecho legítimo y fundamental, sino que también llama a apoyar la resistencia por todos los medios como parte de las tareas de los movimientos de liberación. Esta postura pública sobre la legitimidad de la resistencia palestina y el rechazo a separar la cuestión de las y los presos del proceso de liberación nacional palestino fue una de las principales razones que llevaron a los gobiernos occidentales y a las instituciones sionistas a tratar a Samidoun como un peligro político que excede el marco tradicional de los derechos humanos. Para estas fuerzas, el problema no era la actividad solidaria en sí misma, sino la existencia de un discurso político radical que vuelve a plantear la cuestión palestina como una lucha de liberación nacional contra el colonialismo de asentamiento en Palestina.
“Las sanciones contra Samidoun no apuntan únicamente contra una red concreta, sino que buscan someter el espacio político y mediático internacional a la lógica de la hegemonía occidental y sionista.”
Las campañas organizadas por Samidoun desde su fundación se distinguieron también por defender a todas y todos los presos palestinos y árabes en las cárceles israelíes, sin distinción ideológica o faccional. La red impulsó campañas de apoyo a presos pertenecientes a distintas corrientes y fuerzas palestinas y libanesas, incluidos presos vinculados a Hamas, la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, así como presos libaneses relacionados con Hizbuláh. Este enfoque amplio e inclusivo de la solidaridad fue utilizado por los enemigos de la red para lanzar acusaciones contradictorias: unas veces presentándola como fachada de Hamas y otras como extensión de la Yihad Islámica, del Frente Popular o incluso de Hizbulá. Sin embargo, esta contradicción refleja, según quienes apoyan a la red, la naturaleza de Samidoun como un espacio de solidaridad con la causa de las y los presos entendida como una cuestión nacional y de liberación que trasciende las divisiones partidistas y faccionales.
La conexión entre Palestina y los movimientos contra el colonialismo y el racismo generó una creciente preocupación en las instituciones sionistas y occidentales, especialmente tras el enorme cambio en la opinión pública internacional desde el inicio de la guerra de destrucción y genocidio contra Gaza. Multitudinarias manifestaciones llenaron las capitales occidentales, mientras las universidades estadounidenses y europeas se convirtieron en epicentro de la solidaridad global con Palestina. Al mismo tiempo, amplios sectores de la juventud occidental comenzaron a cuestionar el relato tradicional que durante décadas presentó a “Israel” como una supuesta “democracia asediada”, y no como una potencia colonial que practica ocupación y exterminio colectivo.
La irritación del movimiento sionista y de las organizaciones vinculadas a él aumentó notablemente después de que Alemania prohibiera Samidoun en noviembre de 2023, y posteriormente tras la inclusión de la red en las listas de “organizaciones terroristas” de Estados Unidos y Canadá el 15 de octubre de 2024. Según el discurso dominante en estas instituciones sionistas, la prohibición no logró acabar con las actividades de la red ni desmantelar su presencia política. Por el contrario, consideran que Samidoun logró expandir su influencia e inspirar la aparición de nuevos grupos y campañas, reestructurándose rápidamente mediante distintos marcos y alianzas, aprovechando la enorme ola de solidaridad popular con Palestina surgida tras la guerra contra Gaza. Por ello, algunos sectores sionistas comenzaron a ver a Samidoun no solo como una organización concreta, sino como un modelo político y organizativo peligroso capaz de reproducirse incluso bajo condiciones de persecución y criminalización.
En este contexto, los gobiernos occidentales dejaron de considerar a los movimientos de solidaridad como una actividad marginal de protesta y comenzaron a percibirlos como un desafío político interno que puede afectar la estabilidad de su discurso tradicional sobre el “conflicto en Oriente Medio” y su capacidad para seguir proporcionando cobertura política y diplomática a la entidad sionista. Desde esta perspectiva, las sanciones contra Samidoun deben entenderse como un mensaje de advertencia dirigido a todo el movimiento de solidaridad: cruzar las líneas rojas establecidas por Estados Unidos, Europa y el sionismo respecto a la resistencia palestina puede conducir al aislamiento financiero, la persecución política y la difamación mediática.
Las instituciones sionistas desempeñaron un papel central en la promoción de estas sanciones mediante campañas de presión y agitación que duraron años, impulsadas por influyentes organizaciones en Estados Unidos, Canadá y Europa. Estas campañas buscaron asociar toda forma de apoyo político a la resistencia palestina con conceptos como “extremismo” y “terrorismo”. La ofensiva no se limitó a los gobiernos, sino que se extendió a universidades, medios de comunicación, empresas tecnológicas, plataformas digitales y numerosos promotores de la normalización y colaboradores, en un intento de aislar la voz palestina y expulsarla del espacio público.
Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que las políticas de criminalización, prohibición y difamación no siempre logran destruir a los movimientos políticos. En muchos casos, incluso contribuyen a ampliar su alcance y legitimidad. Numerosos movimientos de liberación fueron calificados de “terroristas” antes de convertirse posteriormente en fuerzas reconocidas internacionalmente, como ocurrió con el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica y con otros movimientos de liberación en Asia, África y América Latina.
Hoy, la batalla en torno a Palestina va mucho más allá de las fronteras geográficas palestinas. Es una lucha por la conciencia mundial y por la definición misma de justicia, libertad y derecho de los pueblos a resistir la ocupación. Las sanciones contra Samidoun no representan únicamente un ataque contra una red concreta, sino un intento más amplio de someter el espacio político y mediático internacional a la lógica de la hegemonía occidental y sionista, impidiendo la construcción de un movimiento de solidaridad revolucionaria arraigado y capaz de situar Palestina como una causa central en la lucha global contra el colonialismo, el racismo y el imperialismo.
A pesar de las dificultades organizativas, financieras y legales que estas sanciones puedan provocar, también revelan la debilidad de la entidad sionista y su dependencia de las potencias aliadas. Del mismo modo, reflejan el nivel de preocupación que genera el crecimiento del movimiento popular de solidaridad con Palestina dentro de las propias sociedades occidentales. Cuando las universidades, los sindicatos, las calles y los medios alternativos se convierten en escenarios de confrontación política en torno a Palestina, queda claro que la lucha ya no se desarrolla únicamente en la Palestina ocupada, sino también en el corazón de las capitales occidentales que intentan desesperadamente proteger al proyecto sionista y salvarlo de su creciente aislamiento político, económico y moral.