Se ha llevado a cabo una política deliberada de empobrecimiento, de destrucción de los movimientos obrero, feminista y estudiantil, y de anulación del papel de estas fuerzas, capaces de organizar y dirigir a la sociedad, como vimos durante la Gran Intifada Popular de 1987.
Durante décadas, el pueblo palestino ha sufrido la confiscación de sus tierras y recursos, la destrucción de sus capacidades productivas y la imposición de una dependencia económica respecto a la ocupación israelí. Sin embargo, este proceso no solo ha generado pobreza, desempleo y desplazamiento, sino que también ha favorecido el surgimiento de sectores económicos palestinos capaces de obtener beneficios dentro de las propias relaciones de dependencia. Se trata de una capa social que defenderá su posición con todos los medios a su alcance, apoyándose en el aparato de represión y corrupción conocido como «Autoridad Palestina».
Aquí aparece la contradicción fundamental: aquello que constituye una crisis existencial y económica para la mayoría del pueblo palestino se convierte en fuente de beneficios y poder para una minoría que monopoliza la intermediación comercial, los privilegios y los recursos y, por consiguiente, también las decisiones políticas. Ante cualquier intento de arrebatarle ese papel, esta clase busca el respaldo del enemigo sionista y bloquea los procesos de transformación interna mediante los «decretos presidenciales». Mahmud Abbas no es más que un servidor de Europa y del régimen saudí, y representa a esta clase parasitaria.
Esta minoría no es simplemente un grupo de personas adineradas. Algunos de sus componentes pueden considerarse una burguesía compradora, es decir, una fracción capitalista que obtiene una parte fundamental de su poder de sus vínculos con la economía exterior dominante y de su función como intermediaria entre dicha economía y el mercado local, en lugar de desarrollar una base productiva nacional independiente. Sería un error equiparar a todos los propietarios de capital palestinos con esta fracción. Los propietarios de fábricas y de pequeñas y medianas empresas también sufren enormes pérdidas como consecuencia de la ocupación, y sus intereses inmediatos pueden entrar en contradicción con la economía monopolista y dependiente.
El capitalismo parasitario palestino no nació con los Acuerdos de Oslo, pero la etapa posterior creó nuevas condiciones para la expansión de su influencia.
La Autoridad Palestina se constituyó sin soberanía sobre las fronteras, los recursos naturales ni el comercio exterior. Las relaciones económicas siguieron sometidas al Protocolo Económico de París de 1994, que vinculó sectores fundamentales de la economía palestina al sistema israelí. En este contexto, el acceso a privilegios comerciales, licencias, contratos públicos y financiación exterior se convirtió en una importante fuente de poder económico.
Con el paso del tiempo surgieron relaciones cada vez más estrechas entre los grandes capitalistas, los responsables políticos y las instituciones públicas. Todos coincidieron en reconocer a los oficiales de la ocupación como su autoridad de referencia. El problema dejó de limitarse a casos individuales de corrupción y pasó a abarcar la propia naturaleza de las relaciones entre el poder político y el capital. Más exactamente, sus relaciones con el enemigo: existe una alianza de clase en los «territorios de la Autoridad» que mantiene vínculos con la entidad enemiga, fundamentalmente en el terreno económico. La llamada «coordinación de seguridad» no es más que una de las manifestaciones de esa relación.
Cuando las grandes oportunidades económicas dependen de la proximidad a los centros de decisión y los intereses comerciales se entrelazan con las funciones políticas, se configura una estructura capaz de reproducirse a sí misma, independientemente del grado de aceptación popular del que disfrute. Esta estructura está protegida, en primer lugar, por la ocupación. Por ello, el enemigo sionista puede reconfigurar la Autoridad Palestina, siempre que preserve la función esencial que esta ha desempeñado desde los Acuerdos de Oslo.
La pobreza se extiende por toda Cisjordania mientras miles de millones de dólares se acumulan en los bolsillos del 1 % perteneciente al grupo de la llamada «paz económica.
El peligro de esta fracción social reside en que sus intereses no se limitan a obtener beneficios del comercio, los servicios o la intermediación financiera. La continuidad de sus ganancias depende también de la permanencia del entorno político y jurídico que le permite conservar su posición. De este modo, la relación entre riqueza y poder se convierte en un círculo cerrado: la Autoridad concede privilegios y oportunidades, mientras que las redes del capital aportan recursos económicos e influencia social que contribuyen a consolidar el sistema existente. Esto explica cómo la pobreza se extiende por toda Cisjordania mientras miles de millones de dólares se acumulan en los bolsillos del 1 % perteneciente al grupo de la llamada «paz económica».
A medida que esta relación se profundiza, cualquier transformación política se convierte en una amenaza directa para los intereses económicos acumulados. La competencia política deja de ser una simple disputa entre programas y dirigentes y se transforma en una lucha por la distribución de los recursos, por el control de las instituciones que los administran y por la amplia red de beneficiarios que dependen de ellas. Desde esta perspectiva, el bloqueo de los procesos de cambio puede entenderse como un fenómeno de clase, y no simplemente como el empeño de determinadas personas por conservar sus cargos.
¿Cómo bloquea la clase capitalista los mecanismos de transformación?
Las élites económicas y políticas aliadas pueden debilitar las posibilidades de cambio mediante diversos mecanismos interrelacionados.
El primero es el control de los recursos económicos, que hace que las oportunidades de empleo, inversión y contratación dependan, en distintos grados, de los centros de poder, limitando la capacidad de los sectores sociales independientes para construir sus propias instituciones.
El segundo consiste en debilitar los mecanismos de control y rendición de cuentas, cuando los intereses compartidos entre determinados responsables políticos y propietarios del capital se convierten en un obstáculo para la transparencia y la competencia en igualdad de condiciones.
El tercero es la reconfiguración del espacio público, mediante la pérdida de independencia de las instituciones representativas, sindicales y profesionales, o la reducción de su capacidad para expresar los intereses de los trabajadores y de los sectores populares al margen de las presiones políticas y económicas.
No es posible comprender esta estructura sin examinar el papel de la ocupación israelí como principal fuerza dominante, que controla la tierra, las fronteras, los recursos y la actividad económica
El cuarto mecanismo consiste en transformar la dependencia económica en dependencia social. Una sociedad en la que una parte considerable de la población depende de salarios, transferencias y ayudas, en un contexto de retroceso de la producción y aumento del desempleo, se vuelve más vulnerable a las crisis provocadas por la retención de ingresos fiscales o la interrupción de la financiación. Esta dependencia no solo debilita la capacidad de la sociedad para protestar y organizarse, sino que también eleva el coste social del cambio y proporciona a las instituciones existentes una capacidad adicional para perpetuarse. La simple publicación de un mensaje en las redes sociales o la asistencia a un acto de duelo por un mártir pueden costarle a un activista o una activista seis meses de detención administrativa.
No es posible comprender esta estructura sin examinar el papel de la ocupación israelí como principal fuerza dominante, que controla la tierra, las fronteras, los recursos y la actividad económica. La ocupación no es simplemente un factor externo que influye en la economía palestina, sino la fuerza que impone gran parte de sus condiciones de funcionamiento y restringe las posibilidades de desarrollo y producción independientes.
Al mismo tiempo, el sistema de financiación y ayudas internacionales ha contribuido a configurar las prioridades de las instituciones de la Autoridad mediante el respaldo a programas y proyectos cuyos objetivos, condiciones y consecuencias sociales son diversos. Esto no significa que todas las ayudas exteriores sean perjudiciales ni que todos los donantes actúen con un mismo propósito político. Sin embargo, la dependencia crónica de la financiación exterior, en ausencia de soberanía económica, concede a los financiadores capacidad de influencia sobre las políticas públicas y limita la independencia de las decisiones.
¿Por qué resulta tan difícil desmantelar este sistema mediante la farsa electoral?
Resulta difícil desmantelarlo porque ya no se trata simplemente de una clase económica que posee riqueza, sino de una parte integrante de una extensa red de intereses, instituciones y relaciones sociales y políticas. Porque, en este caso, el cambio no consiste en sustituir a un responsable por otro, sino en revisar las reglas de distribución del poder y la riqueza, los mecanismos de toma de decisiones, las relaciones entre la Autoridad y la sociedad, y la naturaleza del modelo económico que se pretende construir.
Cualquier proyecto serio de reforma y liberación necesita construir una organización revolucionaria clandestina que amenace los intereses de esta clase, así como una fuerza armada clandestina que desafíe a la ocupación.
Sustituir unas caras por otras, manteniendo intactos los monopolios, los privilegios y la dependencia económica, no modificará la esencia del sistema. Incluso puede conducir a su reproducción bajo nuevos nombres y consignas.
Por ello, cualquier proyecto serio de reforma y liberación necesita construir una organización revolucionaria clandestina que amenace los intereses de esta clase, así como una fuerza armada clandestina que desafíe a la ocupación. Este proceso debe ir acompañado de la construcción de auténticas instituciones populares, la recuperación del papel del movimiento sindical y de las organizaciones y estructuras sociales que sostienen la organización colectiva, la lucha contra los monopolios, el apoyo a los sectores productivos y la ampliación de la participación popular para enfrentar simultáneamente a la ocupación y las políticas económicas. Esto permite comprender por qué la lucha de liberación se ha vuelto todavía más difícil con la existencia de la «Autoridad Palestina».
La experiencia palestina demuestra que separar por completo la liberación nacional de la justicia social conduce a una comprensión incompleta de la naturaleza del conflicto.
No es posible construir una economía nacional mientras el colonialismo controle la tierra y los recursos, del mismo modo que resulta difícil desarrollar un movimiento de liberación nacional amplio y eficaz cuando grandes sectores de la sociedad sufren marginación económica y están excluidos de la toma de decisiones.
Sin embargo, vincular ambas cuestiones no significa que todas las contradicciones sociales sean equivalentes a la contradicción con la ocupación, ni que todas las fuerzas económicas palestinas desempeñen el mismo papel. Significa comprender cómo se entrecruzan los intereses de clase dentro de una sociedad con la estructura colonial, y cómo determinadas élites pueden beneficiarse de la continuidad del orden existente, mientras la mayoría popular soporta sus costes económicos, sociales y políticos.
La ocupación ha contribuido a destruir la base productiva palestina y a imponer una dependencia económica prolongada. Dentro de esta estructura, determinadas fracciones capitalistas han logrado ampliar sus intereses y establecer estrechas relaciones con los centros de poder. Se ha llevado a cabo una política deliberada de empobrecimiento, de destrucción de los movimientos obrero, feminista y estudiantil, y de anulación del papel de estas fuerzas, capaces de organizar y dirigir a la sociedad, como vimos durante la gran Intifada popular de 1987.
Reducir la crisis del llamado «sistema político palestino» a la corrupción administrativa, a los errores de sus dirigentes, a la pasividad de las facciones o a los caprichos de Mahmud Abbas oculta una dimensión fundamental del problema. La cuestión más profunda es quién posee los recursos, quién decide cómo se distribuyen, quién se beneficia de la continuidad de la dependencia y cómo los intereses económicos se transforman en un poder político capaz de bloquear la rendición de cuentas y cualquier proceso de transformación.
Versión traducida del original en árabe por Jaldía Abubakra.